Comisiones Obreras - FSC Castilla La Mancha

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1º MAYO 2020

domingo 12 de abril de 2020

CCOO exige a la JCCM intervenciónsanitaria real en las residencias demayores y personas dependientes

  • Decepción mayúscula por la ausencia de reacción y de decisiones relevantes tras la reunión que mantuvieron el viernes el presidente, el consejero de Sanidad, la consejera de Bienestar Social y "una representación" de directores y directoras de centros residenciales.
  • Después de casi un mes de intervención de las residencias de mayores, aún no sabemos en qué consiste, ni qué beneficios tiene que dependan de la consejería de Sanidad: No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar los EPIs, ni quién debe pasar los test de detección, ni los criterios que se van a seguir para realizarlos, ni el orden de prioridades.
  • Incluso la Instrucción de la consejería de Sanidad para el trabajo con cadáveres con Covid-19 o síntomas compatibles adjudica esta tarea, en el caso de las residencias, al "personal auxiliar que haya estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona fallecida", olvidándose que no tienen ni la formación ni los EPIs adecuados para realizar el procedimiento según la normativa del Ministerio de Sanidad.

Toledo, 12 de abril de 2020. El pasado lunes, los sindicatos mayoritarios del sector y la patronal Acescam registramos un escrito dirigido al presidente de la Castilla-La Mancha y al consejero de Sanidad demandándoles plan integral con cinco medidas urgentes para atajar cuanto antes la lamentable situación en la que se encuentran las residencias de mayores públicas y privadas de la región. No vamos a describirla, las cifras de fallecimientos y contagios, controversias aparte, son más que dramáticas.


El jueves, le recordamos públicamente al Gobierno de CLM que el
Ministerio de Sanidad emitió el día 3 una Orden, la 322/2020, cuyo
cumplimiento exigimos con urgencia y que sitúa a residentes y
trabajadores de centros de servicios sociales de carácter
residencial, (centros residenciales de personas mayores, personas
con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga
naturaleza) en el mismo nivel de prioridad que a los pacientes y
profesionales de los sanitarios y de los profesionales que los
atienden.
El viernes, la consejera de Bienestar Social, tras reunirse con el
presidente, el consejero de Sanidad y ‘una representación’ de
directores y directoras de centros residenciales, ofreció una rueda
de prensa en la que lo más importante (lo único) que anunció en
nombre del Gobierno es que contamos -al fin- con una bolsa de
trabajo con 3.500 personas en disposición de incorporarse para
reforzar las plantillas; y que “se está poniendo en marcha” un
dispositivo de comunicación entre familiares y residentes.
Nuestra decepción fue y es mayúscula. Ambas medidas ya las pidió
este sindicato hace un mes. No hubo en la comparecencia de la
consejera ninguna mención al resto de las propuestas y demandas
de los representantes patronales y sindicales. Que eran y son más
que acuciantes.
A estas alturas de la crisis sanitaria, muy lejos aún de revertir, no
sabemos aún qué ventajas tienen los centros sociosanitarios de
depender de la Consejería de Sanidad, según resoluciones de 20-
03-2020 y 1-04-2020, por las que se acuerdan medidas
excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las
residencias de personas mayores, independientemente de su
titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud
pública a causa del COVID-19.
Más allá de la actuación de la UME o de GEACAM para la limpieza
y desinfección de los centros -muy útil y muy valorada-, y de la
intervención de residencias por un equipo de profesionales del
Sescam -que informa demasiado sucintamente a las plantillas de
los centros intervenidos del protocolo de actuación-, ni trabajadoras
ni centros conocen otras medidas ni actuales ni futuras para acabar
con el verdadero problema: la hemorragia de fallecimientos que no
cesa.
No se sabe qué hacer en centros donde no es posible el
aislamiento, ni quién tiene la obligación de vigilar la salud de las
plantillas (empresas o Sescam), ni quién debe proporcionar las
mascarillas o los EPIs, ni quién debe pasar los test de detección, ni
los criterios que se van a seguir, ni el orden de prioridades.
Incluso la Instrucción de la consejería de Sanidad para el trabajo en
Hospitales, centros residenciales y funerarias con cadáveres
confirmados con Covid-19 o síntomas compatibles adjudica esta
tarea, en el caso de las residencias, al “personal auxiliar que haya
estado administrando el tratamiento o cuidados a la persona
fallecida”, olvidándose que no tienen ni la formación ni los Equipos
de Protección Individuales adecuados para realizar el procedimiento
según la normativa del Ministerio de Sanidad.
Las residencias de mayores, las de personas discapacitadas y los
centros residenciales análogos, están clasificados como
sociosanitarios. Eso implica que no tienen infraestructura, ni
personal, ni medios para tratar a personas contagiadas; aunque
ahora, como pueden, lo estén haciendo. No creemos que esta
afirmación sorprenda a nadie, y si es así es que existe un
desconocimiento total y absoluto del sector.
Y mientras tanto, constatamos día tras día las macabras cifras de
fallecimientos, de los que al menos un tercio se registran en
residencias de mayores. Más de la mitad de las más de 350
residencias públicas y privadas de la región tienen casos; y hay un
número indeterminado, pero grande, de muertes que no computan
porque no están diagnosticadas.
Por si esto fuera poco, algunos centros de gestión privada, ante la
pérdida importante de residentes y, por tanto, de ingresos, están
estudiando ya la posibilidad de hacer ERTES. Es decir: después de
aguantar el tremendo esfuerzo, físico y emocional, que les está
exigiendo la actual situación, a los profesionales lo mismo les
espera el paro cuando esto acabe.
Exigimos al Gobierno de esta región que de forma inmediata tome
las medidas necesarias que ya las conoce y solo tiene que ponerlas
en marcha para acabar de una vez por todas con esta durísima
realidad; y empiece a estudiar junto con empresarios y sindicatos un
plan de futuro para este sector tan injustamente castigado.

CCOO exige a la JCCM intervenciónsanitaria real en las residencias demayores y personas dependientes

domingo 12 de abril de 2020

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