Comisiones Obreras - FSC Madrid

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apuntes

miércoles 26 de octubre de 2016

Un año después, basta de incumplimientos del convenio de Intervención Social

El Sector de Intervención Social de Comisiones Obreras de Madrid, alza una vez más la voz para denunciar la precaria situación del sector y de sus profesionales, con un convenio vigente desde el 3 de julio de 2015, el convenio estatal de Acción e Intervención Social, que se incumple sistemáticamente, lo que reduce la calidad de los servicios públicos.

Un convenio que empresas, fundaciones y asociaciones se permiten el lujo incumplir, condenando a sus profesionales a condiciones miserables, sin ningún sentimiento de vergüenza o  malestar por no cumplir con la legalidad vigente, presentándose como “pobrecitas” víctimas, aduciendo que las partidas presupuestarias PÚBLICAS, de los recursos PÚBLICOS que gestionan – de las cuales llevan años beneficiándose y lucrándose - no les permiten asumir los pseudo-dignos salarios del Convenio de Intervención Social y los derechos sociales que el nuevo texto reconoce a las trabajadoras y trabajadores del sector.
 
¿Qué conlleva esto?, pues la continuidad en la precarización laboral instaurada y avalada por los diferentes gobiernos autonómicos y municipales madrileños de los últimos años, sin más pretensiones que el enriquecimiento y el empoderamiento, con dinero público, de las diferentes empresas, fundaciones y asociaciones del sector, en las cuales de manera directa o indirecta ha participado la clase política dirigente.
 
Y todo ¿a costa de qué?, pues de lo de siempre, de reducir la calidad de los servicios públicos (externalizados, una vez más),  abusar de la contratación temporal, de la inestabilidad e inseguridad de las plantillas,  de los exiguos salarios–a veces recortados-… presionando, intimidando, incluso coaccionando, a profesionales y a sus representantes sindicales, en definitiva, atentando contra los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector,  de la población a la que atienden (muy vulnerable, en situación o riesgo de exclusión social) y de  la ciudadanía en general, pues son las aportaciones tributarias de todas y todos las que mantienen este sistema de mediobienestar.
 
Como no podía ser de otra manera, desde Comisiones Obreras llevamos años luchando y denunciando esta situación y no pararemos de hacerlo, apostando como solución a esta lacra por la GESTIÓN PÚBLICA  de los servicios sociales de intervención social, que son servicios públicos, servicios de todas las personas, que pagamos todas y que deben repercutir de forma beneficiosa, legal y justa en  el conjunto de la sociedad, y no en el lucrativo negocio en el que se ha convertido para algunas y algunos la intervención social.
 
Es un desafío de presente, y de futuro, en cuyo recorrido defendemos y defenderemos el cumplimiento de los convenios colectivos, la dignificación de las condiciones laborales, el mantenimiento del empleo, y  el compromiso que las administraciones que externalizan servicios deben tener con la forma en que se gestionan (articulando sistemas de defensa y protección también de las plantillas que los ejecutan, renunciando a los concursos tipo subasta, estableciendo cláusulas sociales, vigilando el cumplimiento del contrato…).
 
Y como en Comisiones Obreras no nos escondemos, ponemos nombre y apellidos, a algunas de estas organizaciones que con sus malas prácticas están expoliando el sector y a sus trabajadoras y trabajadores:  ASISPA (con sus distintas caras: asociación, fundación, UTEs…),   GRUPO 5 (también con sus varios CIF),  LAKOMA (en sus formas de UTEs y asociación), ATICA, AEVIA, TRAMA SPS… 

Un año después, basta de incumplimientos del convenio de Intervención Social

miércoles 26 de octubre de 2016

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