Comisiones Obreras - FSC Melilla

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vamos a recuperar lo arrebatado

23 de abril de 2012, 12:06

La FSC de CCOO acusa al gobierno de arremeter contra el servicio público de la radiodifusión estatal y autonómica

Golpe de mano del Gobierno a los medios de comunicación públicos

Según la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, las decisiones del Consejo de Ministros de ayer viernes constituyen un ataque sin precedentes a las RTV públicas y un grave retroceso del derecho a la información de la ciudadanía

La FSC de CCOO ha hecho público un comunicado en el que acusa al gobierno de arremeter contra el servicio público de la radiodifusión estatal y autonómica en un paso más para acabar con todo lo público en España; un paso más para cercenar los derechos de la ciudadanía, en este caso el derecho fundamental a la información plural y veraz que deben desarrollar las radiotelevisiones públicas. Denuncia CCOO que el entorno mediático del Partido Popular llevaba semanas lanzando mensajes e incitando al gobierno a tomar medidas para poner freno a lo que ellos consideraban ataques continuos a su partido en los informativos de RTVE, a la vez que decían querer acabar con el despilfarro de las autonómicas. Una campaña de desprestigio que ha precedido a un recorte de derechos y servicios públicos y a su control definitivo de los medios de comunicación de titularidad pública.

El proyecto de ley para flexibilizar los modos de gestión de los canales públicos de televisión autonómica abre la posibilidad, en opinión de CCOO, de ceder a empresas privadas la producción y edición de toda su programación, incluidos los informativos.  Esto supone que intereses privados y empresariales entran en contraposición con el derecho a la información. Pero la reforma va más allá permitiendo a las Comunidades Autónomas que presten el servicio público de televisión, sacar a concurso las frecuencias de las mismas, es decir, acabar con su carácter de espacio informativo público. La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, satisface las constantes peticiones de algunos de sus presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre, de facilitar la privatización de las televisiones regionales.

El gobierno de la derecha pone fin así al espíritu y posibilidad de una televisión pública no gubernamentalizada; la elección del presidente de RTVE ya no necesitará el consenso entre los principales partidos al facultar que el nombramiento del Presidente de la Corporación lo proponga el gobierno y sea elegido en el Parlamento por mayoría absoluta, en lugar de los dos tercios exigidos hasta ahora. Volvemos a una radiotelevisión pública de partido.

En  RTVE se retrocede para volver a épocas, que se creían superadas, de control político. El Consejo de Administración se reduce a 9 miembros, que ya no tendrán dedicación exclusiva. Esta medida supone desprofesionalizar el Consejo ya que los consejeros se ocuparán de dirigir RTVE a tiempo parcial. Se acaba con la profesionalidad y dedicación.

La posibilidad de los consejeros de compatibilizar su dedicación a los medios públicos  y la actividad al servicio de  intereses privados, llama la atención frente a las regulaciones existentes en otras legislaciones de nuestro entorno. La referencia en cuanto a calidad e independencia entre las televisiones europeas, la BBC, elige a su presidente mediante un concurso público y los candidatos presentan currículo.

CCOO recuerda que la ley de 2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal establecía en una disposición transitoria, que en el caso de que en una primera votación no se alcanzara el acuerdo de dos tercios del Congreso, dos meses después, se procedería  a una segunda votación en la que sería suficiente una mayoría absoluta. Esta disposición sólo tenía validez para la elección del primer presidente de la Corporación. No obstante, el nuevo gobierno la hace valer exonerándose a sí mismo del compromiso de buscar el consenso que establecía la ley y abriendo la posibilidad a una utilización partidista de los medios públicos.

Este ataque al servicio público audiovisual se  suma al ataque a la sanidad y a la educación. Ataques a derechos fundamentales, al estado social y a la ciudadanía. Los derechos no se miden por su rentabilidad económica sino por su rentabilidad social. "Los únicos perjudicados con estos ataques, concluye CCOO, son los ciudadanos y ciudadanas y personas al servicio de las radiotelevisiones públicas, que a pesar de su compromiso con la pluralidad y la democracia, su dedicación y su profesionalidad, ven como el partido en el gobierno ataca diariamente su trabajo y, ahora, ven peligrar además sus puestos de trabajo".

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Golpe de mano del Gobierno a los medios de comunicación públicos

23 de abril de 2012, 12:06

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