Comisiones Obreras - FSC Navarra

miércoles 5 de junio de 2019

La jubilación de la Policía Foral de Navarra a debate en Pamplona y Tudela

  • Se han desarrollado dos encuentros en sendas comisarías de Policía Foral

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El secretario de acción sindical de la FSC de CCOO, Raúl Olmos, ha visitado este martes las comisarías de la Policía Foral de Pamplona y Tudela para exponer ante los y las agentes la situación actual del expediente de anticipación de la edad de jubilación del cuerpo policial autonómico. Acompañado del secretario general de la FSC de Navarra, Cecilio Aperte, y por delegados de la sección sindical en Policía Foral y el sector de Mossos d’Esquadra, Olmos comenzó realizando un recorrido histórico sobre el significado de la aplicación de coeficientes reductores en los distintas profesiones, entre ellas la policial.

Se trataba de poner negro sobre blanco el procedimiento legal a través del cual se deberá declarar a la profesión policial, en este caso la de la Policía Foral, como profesión de riesgo desde el punto de vista de la morbilidad, siniestralidad, penosidad y demás parámetros establecidos por la Seguridad Social. Hay que recordar que ya en el año 2009 el cuerpo de la Policía Autónoma Vasca, la Ertzaintza, consiguió el reconocimiento de la jubilación de sus policías tras un acuerdo político entre el PNV y el entonces gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero. Habrá que esperar al año 2011 para que se apruebe un Real Decreto por el que se tasaría a partir de ese momento el procedimiento para que cualquier profesión que cumpliera los requisitos necesarios pudiera acceder al reconocimiento de determinados coeficientes reductores. En esa norma se basó el Real Decreto que aprobó el pasado mes de diciembre el actual gobierno, y que posibilitó, gracias entre otros al empeño de CCOO, la jubilación de las policías locales de España.

Por lo que respecta a Policía Foral, Mossos d’Esquadra y Cuerpo General de Canarias, el secretario de acción sindical recordó el trabajo hecho por CCOO durante todos estos años en los que se ha defendido la idea de que tanto locales como autonómicos deberían ir de la mano en esta reivindicación. La realidad ha sido bien distinta, por cuanto la colaboración y predisposición de los gobiernos autonómicos implicados no ha estado a la misma altura que la de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En cualquier caso, el expediente de Policía Foral sigue su curso desde un punto de vista técnico. La interinidad de los gobiernos central y navarro hace que ahora mismo sea complicado tomar una decisión política al respecto, por lo que habrá que esperar a la conformación de ambos gabinetes para hacer realidad una reivindicación que ya no tiene vuelta atrás y que, más pronto que tarde debe concluir con el reconocimiento de los coeficientes reductores para Policía Foral, Mossos d’Esquadra y Cuerpo General de Canarias. Y ahí, el trabajo realizado por CCOO y la Mesa del Diálogo Social tendrán mucho qué decir.

Al hilo también de las informaciones que determinadas agrupaciones difunden con el único ánimo de arrogarse un trabajo que nunca han desempeñado, al no estar presentes en los ámbitos reales de negociación con la Seguridad Social, el secretario de acción sindical recordó que, en ningún caso, el Real Decreto que se apruebe reconociendo la jubilación de Policía Foral deberá contener como condición sine qua non el compromiso del pagador, es decir del Gobierno de Navarra, para afrontar la sobrecotización que supone la aplicación de los coeficientes reductores. La ley, ley es, y su incumplimiento tendría consecuencias.

Pese a que la actual Ley de Policías de Navarra hable en su disposición adicional cuarta, de que, «el Gobierno de Navarra, en el plazo de 6 meses desde que por el Gobierno central apruebe el Real Decreto de Reconocimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación ala Policía Foral de Navarra (…)adoptará los acuerdos que procedan para habilitar presupuestariamente la efectividad del adelanto en la edad de jubilación de los policías forales…», esta declaración de intenciones del legislador navarro no deja de ser un brindis al sol sin efectividad alguna. Raúl Olmos lo dejó meridianamente claro: en el momento en que el Gobierno Central apruebe el Real Decreto entrará en vigor desde la fecha que se establezca en él, no cuando los pagadores, los gobiernos autonómicos, lo crean conveniente. Así se ha hecho en el conjunto de las policías locales, y así se hará en las autonómicas. Por tanto, carece de sentido que se quiera condicionar el compromiso por parte del Gobierno de Navarra a asumir la sobrecotización, ya que, guste o no guste, cuando se aprueba una ley, ésta es de obligado cumplimiento. Algo básico en democracia que todos, unos más que otros, deberían saber.

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