Comisiones Obreras - FSC Sector Postal

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movilización continúa

lunes 3 de septiembre de 2018

El Gobierno tiene en su mano desactivar (o no) el conflicto de Correos

  • Previstas concentraciones autonómicas y 3 huelgas generales entre noviembre y diciembre.
  • Abriendo el diálogo, negociando, buscando un acuerdo sobre el futuro del Correo Público.
  • #AhoraCorreoPúblico

Se acabó el respiro veraniego y, con permiso de los dos anteriores, da comienzo uno de los cursos más inciertos de esta legislatura. Con un Gobierno aterrizado en mitad del partido a través de una -legítima- moción de censura, condicionado en su acción de gobierno por los, con suerte, escasos dos años para el fin de mandato, los procesos electorales que se le viene encima en el primer semestre de 2019 (cuatro, al menos, Elecciones autonómicas, Elecciones municipales, europeas y Andaluzas, sino cinco si se adelantan las generales), una oposición a cara de perro y una inocultable debilidad parlamentaria de 84 diputados/as, son pocos los analistas que se atrevan a vaticinar lo que va a ocurrir en los próximos meses. 

Consciente de ello, y de lo apretado de los tiempos, no es de extrañar que el presidente del Gobierno reuniese a sus 17 ministros a finales de agosto. Y, aunque oficialmente se hacía para hablar de la agenda España 2030, lo que realmente se abordó fue la preparación de la agenda política que le permita responder a los compromisos adquiridos tras la moción de censura y el cómo sobrevivir a su patente debilidad parlamentaria para, así, abordar con garantías los procesos electorales que tiene por delante. En síntesis: las próximas semanas definen el futuro del Gobierno de Pedro Sánchez.

A juicio de CCOO, ese futuro va a depender de los difíciles equilibrios políticos que tendrá que hacer para aprobar la ampliación del techo de gasto que, junto al mayor margen de déficit público autorizado por Bruselas, le permitan hacer políticas públicas (que ya le tumbaron antes del verano) y los Presupuestos 2019 -que se irán a febrero o marzo-. Pero también, y sobre todo, de que cumpla con los compromisos de cambio y giro social, político y económico y de "desarme" de parte de la herencia "austericida" del Gobierno anterior -entre otras, la postal- adquiridos por el nuevo Gobierno en su toma de posesión. De este Gobierno se espera que impulse un paquete de medidas, reformas y decisiones que "certifiquen" ese cambio en lo político (eutanasia, memoria histórica, regeneración democrática, Ley Mordaza…), en lo social (mejora de los servicios públicos), en lo laboral (subida de salarios, incluido el mínimo, reversión de la reforma laboral, desbloqueo de Convenios, des-precarización, mejora de pensiones), y en lo económico (impulso del sector público industrial -incluido Correos-, subidas de impuestos a las grandes empresas o a la banca, reforma fiscal progresista,…).

El Correo Público no puede quedarse fuera -ni CCOO lo va a aceptar pacíficamente- de esa agenda de prioridades del Gobierno, precisamente por su componente de vertebración política, social, económica y de mayor empleador de este país con casi 60.000 trabajadores/as. No sería de recibo cerrarle el futuro a la mayor red de distribución y de prestación de servicio público (esa supuesta agenda 2030 que se quiere diseñar) condenándola a su situación actual de callejón sin salida (sin Plan de Prestación, ni contrato regulador, ni financiación pública suficiente y estable; sin rumbo empresarial (una dependencia de la carta del 74%, un "suicidio" a medio plazo, y un déficit de casi 147 millones de euros); sin Convenio/Acuerdo desde 2013, con salarios y derechos recortados, y con una precarización/fraude en el empleo -22% parciales, 35% de eventuales-. Quitaría toda credibilidad a esa idea de "hacer país" subrayada por el nuevo Ejecutivo en su programa de gobierno.

Y no sería de recibo "mirar al tendido" mientras la patronal privada, organizada en UNO como un contrapoder al propio Gobierno, tiene el 76% del segmento de paquetería, el único creciente (casi 3.000 millones de euros que, a caballo del e-commerce, puede llegar en pocos años a los 10.000 millones de euros), porque sería condenar al Correo Público a ser una empresita "sólo" de cartas con la consiguiente inviabilidad y pérdida de miles de empleos.

El Gobierno (Hacienda/SEPI, Fomento, Correos), A NO MÁS TARDAR, debe mostrar y demostrar su voluntad política de que Correos forma parte de su idea de "hacer país", abriendo el diálogo con las OO.SS., negociando las propuestas que CCOO -coincidentes en su mayoría con las de las OO.SS. de la unidad de acción- ya le ha hecho llegar y conoce, y plasmándolas en un ACUERDO INTEGRAL que forme parte de su paquete de reformas para el giro social y económico del país. En resumen, serían:

- Reforzar el Servicio Público Postal (vertebración política y social del territorio). Puesta en marcha del Plan de Prestación Universal y contrato regulador recogido en la Ley Postal 2010. Financiación estable y suficiente a futuro del SPU (230 millones de euros), 180 millones en la LPGE-2019, y que el Estado asuma la sanción de Bruselas de 167 millones de euros y Correos lo pague a cuenta.

- Plan Estratégico, de Acción o de Empresa: la mayor red de distribución para generar riqueza y empleo, una herramienta potentísima para "construir país", no puede carecer de rumbo. Correos debe invertir su actual dependencia de la carta y apostar por la diversificación disputando abiertamente a las empresas de transporte urgente (Nacex, Mail Box o MRW, con operadores como La Poste, Royal Mail detrás) y a los integradores (DHL, TNT, FEDEX, UPS) ese 76% del segmento de paquetería. Y no renunciar a su expansión con adquisiciones en otros países (internacionalización).

- Salario, empleo y derechos. Ningún proyecto es viable sin la incorporación de sus trabajadores/a haciéndoselo creíble, y ello requiere: UN ACUERDO PLURIANUAL SALARIAL (recuperación del poder adquisitivo); PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO (convocatoria de al menos 10 mil-12 mil empleos que acabe con la precarización); DE PREJUBILACIONES Y EXCEDENCIAS VOLUNTARIAS Y DE RECCOONQUISTA DE DERECHOS (IT, promoción, salud laboral, supresión del turno obligatorio de sábados,…). Todo ello, EN EL MARCO DE UNOS NUEVOS CONVENIO COLECTIVO Y ACUERDO FUNCIONARIAL.

Sólo así se puede convencer a los descreídos trabajadores/as de Correos de que se apuesta, de verdad, por el Correo Público. Y sólo así, el Gobierno y Correos podrán DESACTIVAR UN CONFLICTO (concentraciones y tres huelgas generales en noviembre y diciembre y un alto riesgo de que se extiendan a los primeros meses del 2019), que, aún reconociendo que es heredado del anterior Gobierno, se mantendrá si no cambian las políticas por las que se originó. Hacienda, Fomento y Correos tienen en su mano la desactivación.

DE NO HACERLO, SÍ O SÍ, HABRÁ MOVILIZACIÓN.

El Gobierno tiene en su mano desactivar (o no) el conflicto de Correos

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